Este artículo fue publicado originalmente el en www.laregion.bo
Un reporte técnico de la Fundación Natura Bolivia da cuenta que tres ríos confluyen en el área: Tacuara, Jochy y Antofagasta. Estos son la fuente de alimentación de alrededor de 109 especies de aves como loros, parabas, tucanes, halcones, picaflores, águilas, piyos y batos, entre otros. Solo de Mycteria americana, cada año se reúnen unos 4.500 individuos, los cuales forman 1.200 nidos en las copas de los árboles.
Esta reserva biodiversa alberga también a 22 especies de mamíferos y 42 de anfibios y reptiles. Brinda un aporte valioso para el microclima y el ciclo hidrológico de la zona, y sus 20 comunidades aledañas. De esta manera ayuda a mantener la humedad y regular el régimen de lluvias que son de beneficio para los cultivos de los alrededores.
Toda esta biodiversidad está en riesgo, acechada por deforestación, incendios provocados y asentamientos con fines agrícolas. Según Natura, desde 2015 -año que fue declarada reserva municipal– “en la zona se deforestó de forma ilegal 72,5 hectáreas de bosque”, cifra que equivale al 5,8 por ciento del área protegida.
En abril de este año se registró 4,5 hectáreas menos de bosque. “No avanzaron más debido a que el curichi tiene zonas muy anegadas de agua y ellos (los interesados en asentarse) avanzan de a poco con cultivos de arroz”, reporta el documento al que La Región tuvo acceso.
Un comunario que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, aseguró a este medio por teléfono que la toma de tierras es una problemática de larga data en la zona. Incluso algunos grupos lucharon por obtener títulos de propiedad dentro de la reserva, hasta que después de un largo juicio ante el Tribunal Agroambiental, en 2019, el INRA declaró las 1,247.48 hectáreas como “tierra fiscal no disponible a dotación”.
Pese a ello, la deforestación avanza gradualmente. Cada año, para consolidar cultivos ilegales, en agosto se provocan quemas o “chaqueos” en torno al humedal. Así, los vientos del sur arrasan con la vegetación que por la época está seca y es fácil de arder. Según el testimonio, por la noche, para no ser vistas, estas personas proceden al voleo de las semillas de arroz (un método de siembra) y finalmente aparecen las plantaciones en octubre. Entre marzo y abril del siguiente año el nuevo cultivo ilegal está listo para la cosecha.
Esta zona es habitada por comunidades de migrantes de diferentes departamentos del país que llegaron al lugar en 1966, refiere el documento de Natura. Luego de una distribución de tierras, estos grupos conformaron subcentrales agrarias y se consolidaron legalmente. Un exdirigente y miembro fundador de una de ellas, contó a La Región que desde 1992 estas organizaciones decidieron conservar como área verde la zona del curichi, principalmente por su importancia para la conservación del agua y por la riqueza natural que alberga. “Tenemos documentación en la que hemos demostrado que para nosotros es importante la protección del curichi, pero hay algunas personas que quieren dividirse terrenos para sembrar arroz, para aprovechar, sin importarles el agua, sin importarles nada. Hemos mandado cartas al INRA a la Alcaldía y a otras instituciones para que brinden protección, pero no nos escuchan”, lamenta el exdirigente.
Una autoridad del Concejo, que también pidió reserva por temor a las personas que toman tierras, aseguró que ni el Ejecutivo municipal, el INRA, ni la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) responden a los pedidos de actuar en contra de estas personas, que serían parte de algunos sindicatos aledaños. Explicó que además de los cultivos de arroz y soya, los incendios provocados para preparar nuevos terrenos y la extracción de árboles maderables, son algunas de las ilegalidades que allí se comenten ante la inacción de las autoridades.
Las plantaciones se acercan cada vez más al curichi. Como se observa en el color rojo, son zonas donde la deforestación ha sido reciente. La línea amarilla demarca el área que el tribunal agroambiental definió como tierra fiscal no disponible para dotación.
Al tratarse de un área protegida municipal, este medio solicitó una entrevista al alcalde de San Carlos, Óscar Cinko Yapu, pero la autoridad respondió mediante un mensaje de whatsapp: “Yo no conozco mucho el tema del curichi”.
Mientras tanto, los comunarios que apuestan por la protección de este humedal están preocupados porque temen que, como todos los años, en agosto próximo nuevamente se provoque incendios en el área, para ampliar los sembradíos ilegales. “Hace poco fuimos por la zona y ya había una máquina adentro para tumbar más bosque”, dice uno.